Para justificar su decisión explicó que, en virtud de lo dispuesto en el art. 2 de la LCT, el régimen general es aplicable a todo lo que resulte compatible y no se oponga al régimen específico; tal como ocurre con la obligación de entrega de los certificados de trabajo y servicios previstos en el art. 80 LCT. Agregó que no existe incompatibilidad normativa entre ambos regímenes.