La Sala VIII de la CNAT, luego de delinear los criterios utilizados para diferenciar una relación laboral de una autónoma, ratificó la existencia de fraude laboral e hizo lugar a la demanda entablada. En tal orden, señaló que primero cabe indagar si en la ejecución de la relación se comportaron como lo haría un trabajador y un empleador y, de persistir la indefinición, verificarse si se prestaron servicios personales en el marco de una organización empresaria ajena con sujeción a directivas jerárquicas. Añadió que la prestación de facturas por honorarios no altera la naturaleza de la relación.