Expresó que al no indicarse en la carta documento quien fue el superior que fue insultado, ni quienes fueron los testigos del hecho, ni los insultos propiciados, no era posible analizar la gravedad del conflicto para decidir sobre la proporcionalidad del despido. Concluyó señalando que no se acreditó un hecho objetivo y concreto que demuestre un incumplimiento susceptible de extinguir el vínculo.