Se considera que el agotamiento de esfuerzos para conseguir un traductor oficial, la falta de propuesta de intérprete de parte y las pruebas de comprensión del idioma por el acusado (20 años de residencia, pareja e hijo hispanohablantes y manejo de personal) desvirtúan la alegada indefensión. No se advierte violación al art. 8.2.a de la CADH.