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La omisión de ingresar aportes por el empleador y la sanción del Art. 132 bis de la LCT

El Art. 132 bis de la LCT dice textualmente “Si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social, o cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores en virtud de normas legales o provenientes de las convenciones colectivas de trabajo, o que resulten de su carácter de afiliados a asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial, o de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o por servicios y demás prestaciones que otorguen dichas entidades, y al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa no hubiere ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a los que estuvieren destinados, deberá a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción conminatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción conminatoria prevista en este artículo no enerva la aplicación de las penas que procedieren en la hipótesis de que hubiere quedado configurado un delito del derecho penal”.
Puede observarse que la norma establece una sanción severa, por lo que es útil recordar sus condiciones de procedencia.
Para que sea aplicable la sanción que establece la norma en comentario deben cumplirse las siguientes condiciones que deben ser demostradas claramente por el trabajador:
1) la retención por parte del empleador de los aportes a los que se refiere la norma;
2) la omisión de ingresar en tiempo propio total o parcialmente los mencionados aportes;
3) Dicha omisión debe preexistir al momento de producirse la extinción del contrato;
4) El trabajador debe intimar al empleador a regularizar la situación de incumplimiento (Art. 1º, Decreto 146/01). Si éste persiste, vencido el plazo previsto de treinta días desde la recepción de la intimación, procede la multa mensual, cuya finalidad es sancionar la “retención indebida” de los aportes del trabajador destinados a la seguridad social y conminar al obligado al definitivo cumplimiento de la obligación.
Finalmente nos referiremos a dos cuestiones como lo son el caso de la relación laboral no registrada y la eventual adhesión del empleador a un plan de facilidades de pago por los aportes impagos.
Sobre el primer aspecto, cuadra decir que no corresponde aplicar la multa cuando el trabajador invoca la existencia de una relación de trabajo no registrada en su totalidad, ya que en ese caso no existe retención alguna (CNAT, Sala II, 30/11/2001, “Crego Bonhomme, Fátima c/ Costanza, Carmen S/ despido”, CNAT, Sala III, 3/4/2003, “Raimondi Klem, Juan c/ Lácteos Pozo del Molle SA s/ despido”.
Respecto de la regularización de la situación de incumplimiento por el empleador, entendemos que es correcto el criterio de un fallo judicial que resolvió que la adhesión del empleador a un plan de facilidades de pago o moratoria previsional, interrumpe el devengamiento de las multas a partir del periodo mensual en que ello ocurre, pero no impide su aplicación durante el lapso de tiempo que media entre la extinción de la relación laboral y el acogimiento del empleador a la moratoria (CNAT, Sala IV, 26/04/2006, “Martínez, Ana c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ despido”).

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