Abuso de la personalidad jurídica

«El abuso de la personalidad jurídica no genera ninguna acción autónoma. Es, en cambio, sólo un mecanismo para imputar la relación que se debate en el juicio a un sujeto distinto de su aparente creador. Esa petición tiene el encuadre jurídico inequívoco que le proporciona el art. 54 LGS, que, para viabilizar una imputación diversa a aquella que exhibe la apariencia, exige la aludida desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad involucrada.»

«El efecto de la inoponibilidad –que es la acción principal, aunque no la única que ese art. 54 contempla- no es, por ende, sino permitir que una actuación (de la que haya resultado un derecho, una obligación, un contrato) se atribuya a otra persona, alterando la imputabilidad inicial a fin de alcanzar la imputabilidad adecuada, sea que la actuación reprochada involucre un solo acto como en el caso, o que abarque toda la actividad llevada a cabo, como típicamente ocurre en la insolvencia (art. 161 inc. 1 LCQ; ver Manóvil, Rafael, «Grupos de Sociedades en el derecho comparado», Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 1025 y ss).»

«La llamada “desestimación de la personalidad jurídica” no implica declarar la inexistencia de la sociedad cuya personalidad haya sido desviada, ni hacer caer lo actuado con su intervención, ni quitarle validez: tanto la sociedad como su actuación subsisten, con las únicas modificaciones que, en su caso, deban producirse a causa de esa diversa imputación, que no extingue la relación originaria, al punto de que, al menos en principio, esa alteración sólo aprovecha al tercero que ha obtenido la declaración.
Extender a otro sujeto la imputación de una obligación en los términos del art. 54 LGS, no implica “desimputar” a quien ha obrado artificiosamente, sino admitir que esa obligación tiene que ser soportada por un sujeto más, sin liberación del deudor original, por lo que el efecto será el de ampliar el número de sujetos obligados (ver Manóvil, Rafael, op. cit.). La litis debe, por ende, ser integrada con ambos.
Si esto es claro cuando lo que el tercero pretende es que se impute al verdadero titular un bien ostentado indebidamente por otro sujeto –que no podría ser privado de ese bien sin haber sido parte en el juicio respectivo-, lo mismo ocurre cuando, en cambio, lo perseguido es atribuir, a quien se sindica como “verdadero obligado”, la responsabilidad derivada de una obligación asumida por un “obligado aparente”, supuesto en el cual la declaración que beneficie al tercero nada predica, al menos no de antemano, acerca de las relaciones internas entre ambos sujetos relacionados y, menos aún, acerca de la eventual indemnización de daños que pudieran haberse generado.»

«Para imputar a otro una obligación ajena, es necesario primero obtener la declaración de que esa obligación existe frente al sujeto que la ha contraído en apariencia, dado que sólo bajo esa premisa podría admitirse una diversa imputabilidad, que es lo único que se modifica, no la obligación en sí misma.»

«De los tres párrafos del art. 54 LGS resultan, bien que implícitamente, los presupuestos que condicionan el deber de responder: que el controlante no puede usar su poder para dañar a la controlada (párrafo 1º), ni para adueñarse de lo que es de ésta (párrafo 2º), ni para concretar, por la vía de abusar de su personalidad, las finalidades vedadas en el último de esos párrafos (el tercero).»

«Todas las figuras previstas en ese artículo tienen en vista lo mismo: no la mera relación de control, sino el abuso de poder que permite al controlante que lo tiene actuar en perjuicio de la controlada o de terceros, criterio que se ratifica en la insolvencia a tenor de lo dispuesto en los arts. 161 inc. 2 y 172 LGS. No alcanza con tener el poder, sino que es necesario ejercerlo, concretando esos actos abusivos que, en cualquiera de sus figuras, reprueban lo mismo: un abuso ejercido en beneficio propio o de otros, que genera responsabilidad porque es dañino.»

«No hay, al menos en este plano, ninguna responsabilidad automática; y no la hay porque, si existiera, se desvirtuarían las bases de organización y responsabilidad sobre las cuales reposan las sociedades, de las que se deriva que quienes tienen la mayoría no asumen corresponsabilidad por la actuación del ente en el que participan (salvo, claro está, que esa responsabilidad les corresponda por razón del tipo).
Sin hecho ilícito, no hay responsabilidad, principio que también rige aquí, de modo que, para responsabilizar a la controlante, es necesario un hecho propio o suyo, no hechos ajenos, aunque provengan —como ocurre en toda sociedad— de administradores que ella haya designado.
No comparto lo afirmado en la sentencia acerca de que, en un caso como el que nos ocupa, en el que sólo se ha probado la existencia del control, pueda extenderse al controlante lo que ha sido actuado por su controlada.»
Fuente: (Expediente nº 38694/2014) – “Fos, Francisco c/ Banco Patagonia S.A. s/ ordinario” – CNCOM – SALA C – 30/07/2020

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