Efectos antivirales del COVID-19 en las reuniones de personas jurídicas

Cada tanto, la historia registra acontecimientos que aceleran el futuro; los resultados dependen del estado de maduración del sector en que se producen. La instalación forzada de las reuniones multimedios en las personas jurídicas privadas como consecuencia del Dec. PEN ASPO (20/3/20) de aislamiento social, preventivo y obligatorio restringiendo la circulación física de las personas, es un ejemplo.

Las personas jurídicas privadas debieron continuar con su vida formal, para lo que dependen del buen estado de salud de sus órganos de administración, de gobierno y de control interno, integrados en su gran mayoría por varias personas que deben convocarse a reuniones y previo comunicar su asistencia, delibrar sobre un orden preciso de cuestiones para tomar decisiones válidas conforme a sus reglas de voto. Todo lo cual debe documentarse mediante un texto que será firmado por los legitimados.

Pre-pandemia

Durante mucho tiempo las disposiciones legales admitieron un solo plano dimensional para el funcionamiento de estas estructuras orgánicas: el “mundo de las cosas” y del discurrir analógico. Allí, las reuniones de sus miembros requieren de la presencia física, la documentación en soporte papel y la firma autógrafa.

Para lo que cual se necesita una complicada y meticulosa regulación de las múltiples variantes a que da lugar el devenir de este mundo, que quedó sacralizado en las “Resoluciones Generales” de los diversos organismos intervinientes, como la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Dirección General de Aduanas, Bolsas de Comercio, etcétera. 

El ecosistema en que se desenvolvía ese mundo incubaba el crecimiento de otro, mucho más veloz, simple y seguro: el mundo digital, conectado por diversos elementos fijos y portátiles y redes de comunicación multimedios de alta velocidad, al que se sumó la vida social del otro mundo a través de diversas expresiones y los Estados, los negocios y los contratos, amparados en la seguridad jurídica de la firma digital.

La ley 25.506 de documento electrónico y firma digital entró en vigencia a fines de 2001 (edad provecta en esta materia), se mantuvo en un prologando estado infantil gracias a la perezosa placenta estatal, hasta que el Decreto PEN 434 (01/03/2016) aprobó el Plan de Modernización del Estado, y se inyectaron las vacunas “Simplificadora” y “Desburocratizadora”(Ley 27.444, 18/6/18) para combatir el virus de la “Papelización”, diseminado por los pasillos ministeriales en carretillas con miles de documentos, torres de expedientes en los escritorios esperando firma, biblioratos apilados y filas interminables en las fotocopiadoras, que infectaba a unos 150 millones de documentos estimados solo en el Estado nacional.

La adultez llegó con la modificación de la ley 25.506 por la 27.446 (mayo, 2018) y su reglamentación por el Dec. Nac. 182/19 (11/03/2019), habilitando la firma digital de los documentos electrónicos bajo tres modalidades: a) remota; b) con dispositivo criptográfico externo (token); c) con certificado del sistema. Todas con plena validez legal asegurando indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado digitalmente.

A partir de la Disposición DI-2019-15 (enero de 2019) cualquier ciudadano puede obtener una firma digital gratuita con mínimos requisitos, apersonándose a un Registro Nacional de la Propiedad Automotor, e incorporarla a su teléfono móvil inteligentes (smartphone). Argentina es la nación latinoamericana donde hay más teléfonos inteligentes por habitante, con tendencia ascendente de crecimiento, donde el 20% de los encuestados en 2018 reveló que los revisa entre 100 y más de 200 veces por día[1].

La cobertura móvil con la tecnología 4G, la velocidad de proceso y la versatilidad de las aplicaciones de estos aparatos, permiten no solo ductilidad en el comercio electrónico, la administración bancaria y financiera, sino la seguridad jurídica que su funcionamiento como “token” portátil facilita.

A pesar de lo cual, resultaba sorprendente que muchos de los profesionales que litigaban en una Justicia digitalizada, empresarios que realizaban transacciones electrónicas diarias y hasta ventas por internet y personas que compraban pasajes aéreos, alojamiento y rentaran autos por ese medio exhibiendo un código QR en sus celulares, continuaran rendidos en el altar del documento papel, firmado ológrafamente y -aunque no fuera necesario- certificando sus firmas notarialmente, en sus roles de integrantes de órganos de personas jurídicas privadas.

Que a su vez mantuvieran libros societarios en soporte papel, encuadernados -cosidos- en anacrónicos tomos rubricados previa espera y trámite presencial, a pesar de las reformas introducidas por la ley 20.744 (18/06/2018) que permite el soporte digital; y hasta se valieran de simulaciones con tal de firmar actas papel posdatadas de inexistentes reuniones presenciales físicas para cumplir con disposiciones legales.

A excepción de los que integraron una Sociedad por Acciones Simplificada (Ley 27.349, 11/04/17) diseñada desde su gestación y funcionamiento para el soporte digital tramitado por redes.

Pandemia

Todo esto cambió a partir de la emergencia impuesta por la circulación del virus Covid-19 con inesperados efectos antivirales ya que vacunó en forma definitiva otros virus preexistentes que pasamos a reseñar brevemente.

El virus del fantasma: Admitidas naturalmente las reuniones a distancia a través de multimedios, ha sido eliminado el virus que exigía que la persona física que preside el órgano convocante, debía estar presente en el domicilio geográfico de la convocatoria, pues de otra manera la reunión tendría lugar a través de fantasmas legales.

En el mundo de las cosas, si la reunión fuese mixta, es lógico que haya uno o más presentes físicos en el domicilio de la convocatoria, pues no puede legalmente obligarse a nadie a optar solo por la alternativa multimedial. Pero se impusieron como única alternativa posible estas reuniones multimedios sin presentes físicos en ningún domicilio geográfico de la persona jurídica, con lo que quedó demostrado que no era necesaria ninguna presencia física[2].

La mayoría de las plataformas multimedios incluyen el rol del “Administrador”, dotando de facultades suficientes al legitimado para presidir las reuniones presenciales físicas, que es el convocante.

El virus 61-26831: Este virus fue creado en los laboratorios de la Ley 26.831 (28/12/12) de Mercado de Capitales, cuyo art. 61 dispone que sólo se computarán a los efectos del quórum del Directorio, a los miembros presentes en el domicilio geográfico, relegando a los presentes a distancia a una platea sin intervenir -tipo “reality show” televisivo- en la reunión del órgano del que legítimamente tenían el derecho formar parte.

A partir del confinamiento social, se impusieron naturalmente diversos recursos de comunicación multimedios, desde webinares a plataformas, sin que nadie dude que están todos convocados, reunidos, deliberando y votando en igualdad de derechos, acaso en forma mucho más ordenada y precisa.

El virus 84-RGIGJ7/2015: Este virus emergió como réplica del precedente, desde los laboratorios de la Inspección General de Justicia (IGJ) en septiembre de 2018, condenando la celebración de las reuniones a distancia al quórum de los presentes físicos. Con motivo de los efectos antivirales del Covid-19, se elaboró la RG 11/2019 que permite de manera excepcional mientras dure la emergencia, las reuniones multimedios con quórum de todos los conectados, cumpliendo razonables requisitos.

El virus 152-26994: En el mundo de las cosas, es lógico que exista un solo domicilio -geográfico- fijado en el estatuto o en la autorización para funcionar, desde y hacia donde sean válidas a todos los efectos las comunicaciones, como lo dispone el art. 152 de Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

El mundo digital, como plano dimensional y legal que replica al físico, se articula de la misma manera a través de un domicilio electrónico, con idénticos efectos: así lo tienen establecido los organismos recaudadores, los de asistencia social, las instituciones bancarias y una larga lista de etcéteras. Del mismo modo que el cambio de sede puede ser resuelto por el órgano de administración según el texto legal citado, sucede en el ámbito digital respecto al domicilio electrónico de la persona jurídica, la que lo requerirá de los integrantes del órgano.

El virus 237-19550: Este virus está referido a la disposición del art. 237 de la Ley 19.550 que dispone que las asambleas serán convocadas por publicaciones durante cinco días en el diario de publicaciones legales, edición en papel. En el mundo digital, el diario de publicaciones legales de casi la totalidad de las jurisdicciones se edita online, firmado digitalmente, con idéntica validez.

Lo mismo sucede con el requerimiento para las sociedades a que se refiere el artículo 299, agregando la publicación en uno de los diarios (papel) de mayor circulación general de la República, que también se editan en soporte digital.

El virus 267-19550: Como el anterior, pero referido al Directorio, ya que debe admitirse que la convocatoria a reunión será hecha por el presidente, o en defecto, por cualquiera de los directores, por medio digitales dirigido al domicilio electrónico constituido previamente por los directores.

Los efectos antivirales respecto a estos dos últimos se extienden a las réplicas y mutaciones encontradas en los órganos de todas las personas jurídicas privadas. Al respecto debe tenerse en cuenta que está disponible otro antiviral en el art. 158 del CCyCN referido a la autoconvocatoria de todos los órganos.

El virus de la firma de los libros y las actas: Nos referiremos a esto en el punto siguiente.

Post pandemia: Cuando finalicen las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, y se recuperen las condiciones de la vida social normal, habrá llegado la hora de rever problemas y soluciones derivados de la etapa anterior, algunos de los cuales pasaremos revista.

¿Y las actas?: La celebración de las reuniones multimedios no exime a los integrantes de los respectivos órganos de redactar las actas correspondientes, cuyo texto borrador se cursará al domicilio electrónico de cada participante en soporte digital, dándoles así la oportunidad de insertar observaciones para la elaboración de un texto definitivo firmado digitalmente por cada uno.

¿Y la firma de los libros? La firma digital de las actas, por parte de cada presente y su integración al libro de actas en idéntico soporte o en soporte papel, es un tema suficientemente transitado ya, al que nos hemos referido extensamente[3] y que no ofrece dificultades.

¿Y la prueba de la reunión? A pesar que en el “mundo de las cosas” las leyes de fondo no exigen dicha prueba bastando la existencia del Acta firmada, en el mundo digital es factible grabar las reuniones multimedios en casi todas las plataformas disponibles, con lo que se dará cumplimiento así a lo dispuesto en la RG IGJ 11/2019.

Debe hacerse notar que estos archivos son “pesados” (en cantidad de megabytes) y su conversión requiere de considerable tiempo de procesamiento. En rigor, el archivo así obtenido debería ser firmado digitalmente por los indicados para ello, lo que resulta -por ahora- técnicamente imposible por su formato y volumen. No obstante, se puede grabar exclusivamente el audio directamente de la reunión, si el medio lo permite, o bien con un dispositivo autónomo.

En nuestro punto de vista, no es imprescindible que esa prueba exista, bastando para ello que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el inc. a) del art. 158 CCyCN en cuanto ordena que “El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada,…”

Se trata de una frase central que define -y coloca en paridad de condiciones con las reuniones exclusivamente físicas- el esquema de la reunión multimedios: lo importante para documentar la existencia de la reunión entre presentes remotos y de lo deliberado y votado en ella, es el acta.

Respecto a la guarda de estas constancias, los medios digitales ofrecen alternativas mucho más seguras que el soporte papel, permiten la multiplicación de los archivos para su conservación en el mismo disco rígido, en un dispositivo extraíble (pendrive), en los servicios de nube provistos por el software en uso y hasta en block-chain, lo que evita su pérdida por destrucción -física o electrónica- de alguno de los lugares de guarda.

En las personas jurídicas en que las ventajas son evidentes, las reuniones multimedios han llegado para quedarse definitivamente y con ellas la reglamentación interna de la adopción de los soportes digitales para el llevado de los libros necesarios.Fuente; Por Bernardo Carlino (ElDial.com)

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