COMERCIAL. Contrato de distribución. Facultad de modificar precios de la distribuida y el abuso de derecho

“No es discutible que en las relaciones contractuales entre empresas también juega el criterio general de la necesaria tutela del contratante débil frente a la predisposición de cláusulas (conf. Barrionuevo, A., Las cláusulas abusivas en los contratos interempresarios y las pymes”, LL 2008-F, p. 1121; esta Sala D, 30/6/2016, “Encina, Sonia Clara c/ Shell CAPSA s/ ordinario”). Empero, es sabido que la sola predisposición no es causa, por sí misma, de invalidez del contenido total o parcial del contrato, ni prueba de que la adhesión dada por la parte débil o no predisponente fuera hecha en condiciones de falta de libertad o indebido aprovechamiento (conf. CNCom. Sala B, 23/12/2004, “Automotores y Servicios Grandola SA c/ CIADEA s/ ordinario”).”

“… desde un punto de vista subjetivo, corresponde sujetar a un criterio de apreciación restrictiva la ponderación relativa a la presencia de un caso de abuso del derecho cuando la parte del contrato es una sociedad con objeto comercial pues, el debido cumplimiento de este último, supone en ella la presencia de ciertas aptitudes y capacidades mínimas para el manejo y administración de sus negocios, así como conocimiento sobre los riesgos que asume a los fines de tomar de antemano las medidas tendientes a evitarlos (conf. CNCom. Sala D, 30/6/2016, “Encina, Sonia Clara c/ Shell CAPSA s/ ordinario”; íd. Sala B, 9/10/1987, «Padilla, Ángel c/ De Rosa, Hugo»; íd., 21/9/1993, «Tejidos Oke SA c/ Viscosud S.A,»; íd. 3/6/1993, «SA Cía. Azucarera Tucumana s/ incid. de llamado a licitación adjudicación Ingenio Santa Rosa»; íd. 19/7/1992, «Establecimiento Frutícola Sede S.R.L. c/ Coto CICSA»; íd. 30/6/2009, “Wing Guard S.A. c/ Instituto Obra Social del Ejército s/ ordinario”).”

“… la presencia de cláusulas que facultan a la distribuida modificar el valor de venta de sus productos en forma unilateral, con obvio impacto en la remuneración del distribuidor, no da cuenta necesariamente de la presencia de un abuso contractual, ni es simpliciter expresiva de abuso de una posición dominante. Lo primero, porque en los contratos de distribución la facultad contractual del sujeto distribuido para establecer el valor de venta se explica en el hecho de su interés en que todos los distribuidores vendan al mismo precio, y la determinación unilateral sólo es objetable si fuera arbitraria y no respondiera a razones objetivas (conf. Márquez, J. y Calderón, M., Contrato de distribución, en la obra colectiva dirigida por Marzorati, O. y Molina Sandoval, C., “Contratos de Distribución”, Buenos Aires, 2010, ps. 26/27; Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos, Santa Fe, 1999, t. I, ps. 610/611). Y lo segundo, porque si bien el precio es la principal herramienta competitiva en el mercado y su determinación por parte del distribuido o proveedor importa una restricción que pesa sobre el distribuidor afectando su capacidad de competir, lo cierto es que aun así por la naturaleza y características propias de la distribución como negocio económico, no puede ser impedido al primero introducir limitaciones a la libertad de empresa de los distribuidores en materia de precios (conf. Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto [director], Contratos Mercantiles, Thomson Reuters – Aranzadi, Pamplona, 2017, t. I, p. 798, nº 3.4).”

“[Las limitaciones a la libertad de empresa de los distribuidores en materia de precios) son tolerables sólo en la medida en que el precio determinado por la empresa dominante: a) no sea discriminatorio ni inequitativo, concepto este último que en materia de distribución no se vincula necesariamente al de obtención de un beneficio razonable por el distribuidor (conf. Schapira, J., Le Tallec, G., y Blaise, J., Droit européen des affaires, Presses Universitaires de France, 1984, p. 491, nº 2); y b) no sea expresivo de un poder de dirección del distribuido usado para trasladar costos o riesgos al distribuidor en detrimento de sus ventas y ganancias, pues en tal caso ello daría cuenta de una desviación de la finalidad del contrato que adjetiva de abusiva la conducta del principal y que, en su caso, debe ser probada no tanto por la efectiva ganancia en más lograda por la ‘empresa dominante’, sino que bastaría acreditar la potencialidad objetiva de las acciones abusivas para conseguir un mayor lucro por parte de aquélla (conf. Cabanellas de las Cuevas, G., Palazzi, P., Sánchez Herrero, A. y Serebrinsky, D., Derecho de la Competencia desleal, Buenos Aires, 2014, ps. 716, 720 y 724).”

Fuente: Registro n° 25003/2017 – “Megarecarga S.R.L. c/Telefónica Móviles Argentina S.A. s/ organismos externos” – CNCOM – SALA D – 03/07/2018

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